Aumentaron los casos de desapariciones forzadas: Cidhpda

La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (Cidhpda), en voz de Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, Comisionado para América Latina y el Caribe, señaló que el Estado mexicano está obligado a atender las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), tras concluir su visita en el país, así como hacer valer la Convención Internacional de Desaparición que el Estado Mexicano ha ratificado.

De modo que Gutiérrez Yáñez pide a las autoridades federales y estatales su colaboración para identificar los medios para enfrentar las desapariciones forzadas. de investigar y prevenir las desapariciones forzadas, y de localizar a las personas desaparecidas, así como con los responsables de establecer e implementar las políticas públicas relacionadas.

Aseveró que, hoy en día México afronta una crisis con más de 90 mil personas desaparecidas y no localizadas, según reconoce la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob) y en los anteriores tres sexenios, ocurrieron el 81% de las desapariciones de las registradas entre el 15 de marzo de 1964 al 2 de agosto de 2021.

Lamentó el Comisionado que las víctimas de desaparición forzada no son las únicas personas afectadas en este fenómeno, sino que, deja entre sus seres queridos la sensación de inseguridad y esta práctica no se limita a los familiares próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

En este sentido el fenómeno de las desapariciones es una forma compleja de violación de los derechos humanos que debe ser comprendida y encarada de manera integral, ya que estamos frente a una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que los Estados están obligados a respetar y garantizar.

Finalmente, Gutiérrez Yáñez recuerdo que es necesario instrumentar políticas y medidas adecuadas para su prevención, la reparación a víctimas y la sanción a los responsables a fin de que esta grave violación a los derechos humanos no quede impune.

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