La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) rechaza rotundamente los criterios totalitarios que ha venido señalando el Presidente Mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en contra de la libertad de Prensa, donde ha señalado en diversas ocasiones a medios de comunicación como pasquín, demeritando su labor periodística al Derecho de Informar.
Consideramos que esta postura del ejecutivo mexicano daña el libre pensamiento, la libertad periodística, la libertad de expresión y la Libertad de Información como un Derecho Humano y que el Estado por el simple hecho de ser Estado no puede manipular la conciencia ciudadana.
Afirmamos que este Derecho Humano es parte integral del derecho fundamental, reconocido por la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1946, así como por el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que dispone que el derecho fundamental a la libertad de expresión incluye el derecho de «investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Esta Libertad de información es consagrada como corolario de la libertad de expresión en otros instrumentos internacionales importantes, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969). La libertad de información también se ha puesto de relieve en la Declaración de Brisbane sobre libertad de información: el derecho a saber (2010), la Declaración de Maputo: Promover la libertad de expresión, el acceso a la información y la emancipación de las personas (2008) y la Declaración de Dakar sobre medios de comunicación y buena gobernanza (2005), todas ellas dimanantes de las conmemoraciones anuales de la UNESCO del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Por lo que exigimos al mandatario mexicano y a su Gabinete de la 4T que se apegue a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos y respeto a la Libertad de prensa, por lo que reafirmamos Artículo 133 en materia de la supremacía constitucional respecto a los tratados internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito:
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.”
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