La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su Comisionada Nacional de Atención a Víctimas, Nelyda Toscano Márquez, lamentó la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de cancelar el Fideicomiso de Atención a Víctimas del Delito pues deja en estado de indefensión a cientos de personas que no han recibido justicia y que el Estado Mexicano omite el derecho a la asistencia.
En ese sentido, dijo la especialista que la promesa de campaña de López Obrador para fortalecerlo y apoyarlo pasó a ser “letra muerta” después de su cancelación.
Con esta decisión, dijo Toscano Márquez, la autodenominada cuarta transformación violentó la posibilidad de no reconocer y garantizar los derechos de las víctimas, un logro legislativo que se necesitaba fortalecer y no debilitar como lo está haciendo la actual administración.
Como se recordará, el Fideicomiso de Atención a Víctimas del Delito es un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral Público cuya finalidad es servir como mecanismo financiero para el pago de las ayudas, la asistencia y la reparación integral a víctimas, incluyendo la compensación en el caso de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales y la compensación subsidiaria para víctimas de delitos del orden federal, en términos del dictamen de procedencia que para cada caso emita el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) conforme a la Ley General de Víctimas, su reglamento y demás disposiciones aplicables.
Puntualizó que este Fondo de Ayuda, Asistencia y reparación Integral, es un fideicomiso público de administración y pago, constituido mediante contrato formalizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en su carácter de Fideicomitente y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciario, mismo que viene funcionando desde el 24 de noviembre de 2014.
Toscano Márquez señaló que el Gobierno Mexicano en todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas deben velar por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Además, debe reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos que consagra la Constitución y los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos.
Lamento que el Ejecutivo, con el apoyo de morena y sus aliados en el Poder Legislativo Federal, borró de un plumazo el TÍTULO OCTAVO FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL en su CAPÍTULO PRIMERO que señala el Objeto e Integración de dicho fondo y que en su Artículo 130 de la Ley General de Victimas describe: “QUE EL FONDO TIENE POR OBJETO BRINDAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y QUE LA VÍCTIMA PODRÁ ACCEDER DE MANERA SUBSIDIARIA AL FONDO SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, PENALES Y CIVILES QUE RESULTEN.”
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