A pesar de que la empresa TP Intermodal impidiera la clausura de sus instalaciones, parte del Gobierno Municipal, la autoridad municipal advirtió que seguirá con las acciones de ordenamiento de la zona Norte.
El Presidente Municipal, Armando Ayala Robles, subrayó que desde que inició su gestión al frente del XXIII Ayuntamiento trabaja en la atención de denuncias contra empresas que están asentadas de manera irregular en El Sauzal.
“Hasta el momento se han clausurado actividades en Transportes de Carga Santa Lucía S.A. de C.V., y en una pensión de pangas; solicitamos una opinión jurídica respecto a un cuarto frío y bodegas de almacenamiento; se inició el retiro de un taller de reparación de plataformas y esta semana se desarrollarán diversas inspecciones en predios denunciados por residentes de Vista al Mar”, expresó.
Precisó que el Gobierno de Ensenada está de lado de la población, por lo que se le da puntual seguimiento a las denuncias ciudadanas de residentes de El Sauzal.
Agregó que el Ayuntamiento busca alternativas legales que puedan acabar con esta problemática, además de que, en todo momento, busca propiciar mediaciones para buscar alternativas que generen el bien común.
Sin embargo, Ayala Robles recalcó que la indicación es clara “no se va a permitir más desorden, porque no tenemos compromisos con nadie. Tampoco queremos afectar a nadie, simplemente otros gobiernos dejaron crecer el desarrollo urbano sin control y hoy estamos pagando las consecuencias”.
Continúa procedimiento legal contra TP Intermodal
Por su parte, Héctor Villalobos Buelna, director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, subrayó que este día, el representante legal de la empresa TP Intermodal S. A. de C. V., se negó a la diligencia a cargo del personal de la dirección que encabeza.
Incluso colocaron un contenedor al ingreso de sus instalaciones para evitar la clausura.
Precisó que la actuación consistente en clausura temporal por falta de licencias de operación, y ante la negativa de parte de la empresa de atender la diligencia señalada, se solicitará el auxilio de la Fuerza pública para efecto de dar seguimiento al procedimiento legal, a fin de concretar la suspensión de actividades.
Comentó que no se encontró evidencia de que la empresa cuente con dictamen de uso de suelo, así como tampoco licencia de construcción, operando hasta el momento fuera del marco legal que establece la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, así como el Reglamento de la Ley de Edificaciones para el municipio de Ensenada, Baja California.
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