La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Ensenada, manifestó su preocupación por los efectos negativos que pueda tener la modificación de la Ley de Educación del Estado en contra de los derechos humanos y libertades de las personas, e instituciones privadas que prestan servicios educativos.
Martin Muñoz Barba, presidente de Coparmex advirtió que iniciativa en proceso de aprobación en el Congreso del Estado, estaría afectando la libertad de padres de familia para decidir sobre las características de la escuela que quieren para sus hijos, como: la educación, conocimientos y valores afines a sus convicciones.
El proyecto de modificación prohíbe a las escuelas particulares decidir el tipo de uniforme, logos y distintivos que dan identidad a cada plantel seleccionado por el padre, situación que también puede afectar derechos de autor registrados protegidos por la ley, señaló.
Apuntó que también impone restricciones a libros, autores y útiles escolares que, en el marco de los planes y estudios oficiales, puedan dar un enfoque u orientación diferenciada a la ideología, valores y proyecto de vida que los padres y sus hijos tienen como parte de sus derechos humanos, y en el ejercicio de su libertad.
La iniciativa no respeta las condiciones contractuales que en forma libre y conforme a la Ley acuerdan padres de familia y escuelas particulares, ya que se intenta establecer prohibiciones sobre aspectos como: “si la falta de pago es motivo o no de suspensión del servicio o de retención temporal de algún documento.”
Por otro lado, Muñoz Barba dijo que se mantiene una clara discriminación hacia los maestros y personal que labora en las escuelas particulares al prohibirles recibir alguna beca de estudios para sus hijos y familiares por el solo hecho de trabajar en esa escuela.
También se imponen sanciones económicas exorbitantes, fuera de cualquier proporción o correspondencia con acción u omisión alguna a las escuelas particulares que incurran en faltas o incumplimientos, señaló.
Indicó que los montos de las sanciones ascienden de 8,688 a 2.6 millones de pesos, que se pudieran duplicar en caso de reincidencia, pero no se especifica la formas y procedimientos de aplicación.
Sumado a esto, se busca acotar la participación de la sociedad civil organizada en el Consejo Estatal de Participación Social en Educación (Copase) al acotar a organismos como el Consejo Coordinador Empresarial y mayoritearlos con la presencia de la parte de gobierno y sindical, apuntó Muñoz Barba.
El dirigente exhortó a las autoridades y legisladores a no aprobar apresuradamente la Ley de Educación de Baja California, ya que su relevancia es enorme para el futro de niñas, niños y jóvenes, por lo que es muy importante elaborar la mejor Ley posible con la participación de todos los sectores y actores de la sociedad. Foto: Cortesía.
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