Denuncian periodistas de BC “bloqueó” de información por Bonilla

Periodistas y reporteros, independientes e integrantes de medios de comunicación tradicionales, así como administradores de plataformas digitales y redes sociales, enviaron una queja a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los comunicadores expusieron en el documento que la actual administración estatal denigra el trabajo cotidiano de informar a la comunidad de Baja California.

La queja está firmada por más de 80 comunicadores de los cinco municipios de Baja California, está dirigida a María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Instante comparte el texto íntegro que los periodistas de la entidad elaboraron para ser expuesto a la CNDH.

Desde el inicio de la gestión de Jaime Bonilla Valdez como Gobernador de Baja California, pero sobre todo a partir del inició la pandemia de SARS-CoV-2, la mayoría de los periodistas y medios de comunicación de Baja California en el Estado están lidiando con la cancelación oficial de la respuesta obligada a las consultas de Transparencia, con la suspensión unilateral de la publicación de información obligatoria, y con un sistema informativo unidireccional y selectivo que limita la rendición de cuentas, que no permite retroalimentación, preguntas, ni contrarréplica con las autoridades estatales.

El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez determinó que toda la información relevante, planes, programas y acciones de gobierno, incluido el manejo epidemiológico de la pandemia, sea a través de transmisiones en vivo en su página de Facebook, en la que responde comentarios “del público”,  y es la autoridad la que elige los temas y las preguntas que atiende, lo que resulta en bloqueos informativos que violentan el derecho de acceso a la información de los reporteros, los medios de comunicación y por ende, de la ciudadanía.

Desde esta misma vía de comunicación unilateral, el ingeniero Jaime Bonilla ha utilizado su cargo como Gobernador para agredir y estigmatizar a algunos medios de comunicación que investigan, y al contrastar información de otras autoridades de gobierno, difieren de su versión oficial.

Los ataques directos han sido contra el Semanario ZETA, su directora y reporteros, así como a la corresponsal del Diario Reforma, Aline Corpus y La Voz de la Frontera, pero los bloqueos informativos se han extendido a un alto porcentaje de medios de comunicación en el estado. Con el pretexto del COVID-19, los funcionarios de segundo y tercer nivel rechazan responder entrevistas, inclusos por vías electrónicas como Zoom, y piden que se les remitan cuestionarios para responder por escrito, lo que hacen con datos selectivos e incompletos.

Los llamados constantes del Mandatario, desde una posición de poder, privilegiada, a no leer periódicos, a no creer en determinados medios de comunicación fomentan entre los funcionarios locales y la población un clima de violencia contra los periodistas que tiene el riesgo de escalar.

El periodismo libre de denuncia es imprescindible para la democracia, para los equilibrios de poder y evitar la instalación de regímenes autoritarios y abusivos, por lo anterior pedimos la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como a los Mecanismos de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos nacional y estatal  para que revise el actuar del Gobernador de Baja California y sus instituciones, sobre todo, en su relación con los medios de comunicación, pues ha confundido su derecho a ejercer la libre expresión de las ideas, con el abuso de poder cuando utiliza espacios oficiales, con recursos públicos, para -sin pruebas- denostar trabajos periodísticos que no convienen a su Gobierno.

FOTO: Cortesía Piqsels.com

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