Para exigir certeza jurídica, decenas de conductores del servicio de transporte privado Uber, se manifestaron la mañana del miércoles en la Casa Municipal de Ensenada, pues temen convertirse en el blanco de una cacería a raíz de reformas a la Constitución Política para el Estado de Baja California.
El grupo de choferes afirmó que en lo “oscurito”, a beneficio de taxistas y sin realizar una consulta con las partes involucradas, autoridades aprobaron modificaciones que podrían permitir persecuciones y la prohibición de la labor que ellos realizan, como ha ocurrido en otros municipios de la entidad.
Tanto amas de casa, como estudiantes, profesionistas y hasta funcionarios públicos del XXIII Ayuntamiento de Ensenada, entre otros, son usuarios o socios de la plataforma digital, por lo que representa un beneficio para la población ensenadense.
Los inconformes expusieron que para convertirse en proveedores del servicio de la aplicación, deben cubrir varios requisitos, como darse de alta en el Servicio de Administración Tributaria, aprobar un examen psicométrico, tener carta de no antecedentes penales y renovarla anualmente.
Todos los viajes se fiscalizan, son realizados con dos tipos de aseguranza, en carros de reciente modelo y con placas. Además representan una forma de pago seguro para los ciudadanos, así como la principal opción para los turistas o visitantes que utilizan mayormente tarjetas bancarias.
Luego de exponer sus inquietudes ante el jefe de la oficina de Presidencia, Óscar Cruz Estrada, y el regidor Miguel Orea, los inconformes tuvieron una reunión con el secretario general del XXIII Ayuntamiento, Arturo Romero Arizpe.
El edil se comprometió en integrar una mesa de trabajo para analizar el tema, mencionándoles que se va a realizar una ley en Baja California, con la cual se marcarán los parámetros para que el municipio haga su propio reglamento, sin perder el control del transporte, como se ha malinterpretado.
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