Este 4 de septiembre del 2019, estamos a 58 días desde que se aprobó la reforma al periodo de gobierno y el Congreso del Estado aún no envía dicha reforma al Poder Ejecutivo del Estado para que pueda ser publicado en el Diario Oficial del Estado (DOE).
La parálisis legislativa generada con la inacción de los responsables impide acceder al sistema de impartición de justicia, al inhibir las acciones que pudieran derivarse en contra de la reforma aprobada.
En ese tenor, y hasta en tanto la recién aprobada reforma no sea perfeccionada y cobre vigencia, los ciudadanos nos encontramos impedidos para ejercer los medios de impugnación que el propio sistema jurídico mexicano pone a su alcance para defender la Constitución.
COPARMEX considera la actuación de la Mesa Directiva del Congreso de BC en este asunto particular como una clara omisión legislativa irresponsable y ausente de respeto al voto de los bajacalifornianos que los eligieron para hacer valer y defender la misma Constitución que están permitiendo sea amenazada.
Hace una semana, la Legislatura promovió un acuerdo para sostener un ejercicio de consulta para definir su actuación en este asunto, en el sentido específico de enviar o no al Poder Ejecutivo la modificación a la Constitución del Estado que permite el cambio en el periodo del próximo gobierno estatal.
COPARMEX ha sido promotor de la participación ciudadana directa mediante instrumentos legalmente previstos como el plebiscito, el referéndum, y la consulta popular. Sin embargo, una consulta popular o privada no tiene validez legal en materia electoral, lo expresa claramente la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California.
Considera COPARMEX que un ejercicio de consulta como el acordado por el Congreso de BC será un ejercicio simplemente inútil y una pérdida de tiempo valioso, ya que no aportaría de alguna manera a resolver un asunto estrictamente de índole jurídico que sólo puede resolver la SCJN.
Exhortamos, de nueva cuenta, al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado a cumplir con su obligación de enviar, sin mayor dilación, la reforma mencionada al Poder Ejecutivo del Estado para permitir la urgente resolución jurídica al que tienen derecho los bajacalifornianos.
No hacerlo, o dejarlo en manos de una consulta financiada por particulares sin validez legal, representa un agravio al sistema democrático mexicano y a los ciudadanos de Baja California.
FOTO: Cortesía.
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